La militarizada Guardia Nacional es responsable de medio millar de heridos (más de la mitad del total) y de la muerte de un joven durante las violentas protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega.
Según la funcionaria, hasta este miércoles 55 personas murieron en las manifestaciones iniciadas el 1 de abril (52 son civiles y tres policías y militares).
En una declaración pública, también reportó un millar de lesionados: 771 civiles y 229 policías o militares.
“Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Preocupa cómo se ha exacerbado la violencia”, expresó.
Ortega responsabilizó a un oficial de la Guardia Nacional -no identificado aún- por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril.
Murió por un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por un objeto como éste”, dijo al mostrar una bomba lacrimógena. El gobierno había señalado que Pernalete había fallecido por un impacto de un objeto metálico.
“Repudiamos la violencia venga de donde venga”, señaló.
“Las manifestaciones deben ser pacíficas. Eso es un derecho que el Estado debe garantizar. Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia sólo deja daños irreparables”, agregó la fiscal, quien fustigó abusos cometidos durante las protestas de la oposición.
Ortega también consideró “dantesco” que manifestantes opositores prendieran fuego a un hombre en una manifestación en Caracas el pasado sábado. Y consideró “vulgar los videos (sobre el hecho) manipulados en beneficio de los grupos en pugna”.
“Repudio los linchamientos”, subrayó.
La fiscal sostuvo además que el Ministerio Público investiga siete casos “por uso de justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria” y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos.
Según la ONG Foro Penal, 161 civiles han sido encarcelados por órdenes de la justicia militar.
“Quiero exhortar a todos los actores políticos a evitar señalar hipótesis de los móviles de los delitos”, dijo.
Ortega, confesa chavista, se distanció de la linea gubernamental desde que el máximo tribunal asumió brevemente en marzo las competencias del Parlamento -de mayoría opositora-, por considerarlo una “ruptura del orden constitucional”.
También ha expresado sus críticas a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, por considerar que agravará la crisis del país.
Ortega Díaz mostró además su preocupación por las personas que han sido detenidas y procesadas bajo la Justicia militar durante las protestas que se registran desde hace más de mes y medio en el país.
“Estamos preocupados por la situación en que puedan estar estos cuantos detenidos ahí en la Justicia Militar”, dijo en una rueda de prensa, tras señalar que solicitó a la Fiscalía General Militar el “número de procesos y detenidos”.
Además, subrayó la importancia de que los procesos contra esas personas sean abiertos en jurisdicciones naturales.
“Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas”, agregó.
La fiscal indicó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) considera que la detención por Justicia militar es “contraria a los mandatos y principios emanados de la República Bolivariana de Venezuela”.
Ortega Díaz indicó asimismo que el MP ha abierto siete investigaciones “por el uso de la Justicia militar” por casos que “eminentemente corresponden a la justicia ordinaria”.
Igualmente detalló que durante el día de hoy presentarán “un amparo por abstención” de un tribunal que, dijo, se ha negado a pronunciarse sobre los casos.
“El Ministerio Público tiene la obligación, esto yo no lo estoy diciendo, lo dice la ley (…) es una obligación que yo tengo, el Ministerio Público, (de) verificar el estado en que se encuentran los detenidos”, afirmó.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, dijo el pasado 12 de mayo que las personas que cometan actos vandálicos, terroristas o ataques a establecimientos comerciales en el país serán sometidas a la Justicia militar.
Mientras que el pasado 5 de mayo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró a Efe que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley
