CARACAS, Venezuela.-Miles de manifestantes marchaban el miércoles en Caracas mientras la OEA analiza llamar a los cancilleres del continente para tratar la crisis en Venezuela y el gobierno de rNicolás Maduo amenaza con abandonar el organismo tras casi un mes de protestas que han dejado 26 muertos.
La marcha convocada por la coalición opositora partió desde 26 puntos de Caracas para confluir en la sede de la Defensoría de Pueblo, en el centro de la ciudad, que amaneció custodiada por guardias nacionales con equipos antimotines.
A su paso por el municipio capitalino de Chacao, en el este de la ciudad, uno de los manifestantes alertó a la policía sobre la presencia de un explosivo.
El comisionado de la policía de Chacao, Richard Sánchez, dijo a The Associated Press que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acudieron a la zona para desactivar el artefacto y desalojar el lugar ya que se trataba de “una granada fragmentaria con un alcance de más de 50 metros”.
La oposición reclama elecciones adelantadas.
En tanto, otros puntos del centro de Caracas también estaban tomados por los cuerpos de seguridad como parte de los preparativos para una marcha que realizarán los oficialistas hacia la sede del palacio de gobierno.
Mientras se desarrollan las protestas, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá el miércoles Washington para considerar un pedido de convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio para analizar la crisis venezolana.
Caracas rechazó de antemano la convocatoria y advirtió que, de concretarse el encuentro de cancilleres sin su aval, iniciaría el proceso de retiro de la organización.
El jurista y académico venezolano Gerardo Fernández afirmó que para Venezuela es “inviable” salir de la OEA debido a que muchos de los derechos fundamentales contemplados en la carta del organismo forman parte del “derecho interno, con rango constitucional” y desacatarlos implicaría un “fraude constitucional”.
En un comunicado agregó que la salida de Venezuela del organismo solo podría darse en dos años e implicaría un “aislamiento total” de la comunidad internacional con implicaciones políticas, estratégicas y económicas.
